El director de la Escuela de Ingeniería Técnica Informática de Gijón, Pedro Hernández, sostiene que el impulso de las TIC (Tecnologías Informáticas y de la Comunicación) en la empresa no tiene el mismo reflejo en el mundo académico, al menos por parte del alumnado. Las matrículas del centro, situado en el campus de Viesques, han caído un 20% en los últimos cuatro años y un 50% desde 2006. Este año calculan que sumarán 50 nuevos alumnos, frente a los 100 que se matricularon el año anterior en las ramas de gestión y sistemas. Atrás quedan los cursos que sumaban un millar de estudiantes entre los tres cursos de la carrera.

Las razones de esta destacada caída de alumnos se encuentran en el «escaso reconocimiento social y económico» de estas titulaciones, tal y como explica el director de la Escuela de Informática de Gijón. Añade que se trata de enseñanzas técnicas, que requieren un esfuerzo tremendo de puesta al día, lo que lleva a los estudiantes a decantarse por otras ramas, principalmente las del campo científico-sanitario, que son las que están en boga. Y en el Bachillerato la rama tecnológica también es deficitaria en cuanto a número de alumnos, concluye Pedro Hernández. No obstante, las ofertas de empleo que llegan a la Universidad son constantes. El año pasado se contabilizaron entre tres y cuatro diarias, que llegaban a perderse entre la marabunta de becas y otras convocatorias para los alumnos.

Frente a esto, un grupo de 65 empresas tecnológicas de Gijón, agrupadas en torno a un cluster que preside Isabel Lombardía, presentó al Principado su propio plan formativo ante la falta de personal que padece. El cluster quiso reunir a 105 personas de otros ámbitos profesionales o académicos para adaptarlas mediante un cursillo a sus necesidades laborales. Encontrar a los interesados costó un gran esfuerzo a pesar de que tenían garantizado empleo al final de las clases.

Falta de capital humano

Las empresas tecnológicas de todo el mundo atraviesan por situaciones parecidas. En el caso de Asturias, la Universidad se apoya en el infraempleo del sector y en la bajada de las matrículas para explicar la falta de capital humano al que aluden los empresarios.

En el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, cuna de la cultura emprendedora y de proyectos I+D+i, su director, Emilio Gumiel, explica que muchas de las empresas asentadas en este recinto acuden a las principales firmas ya implantadas en Asturias para nutrirse de profesionales. No obstante, apunta que existe una relación fluida entre la Universidad y el Parque Tecnológico. De hecho, muchos chavales que se encuentran en los últimos cursos utilizan este espacio como plataforma de lanzamiento en sus inicios profesionales.

Por su parte, el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Ricardo Tucho, señala que se encuentran «muy sorprendidos» por esta situación tanto en el campus de Viesques como en el Rectorado ante el déficit de profesionales de la informática. De hecho, ante la falta de personal hay algunos segmentos que se están cubriendo por titulados procedentes de la Formación Profesional, explica Tucho.

En la Oficina de Relaciones con la Empresa, situada en la Escuela de Ingeniería de Gijón, reciben a diario ofertas de empresas sin posibilidad de que sean cubiertas en su mayoría. Tucho opina que el déficit de profesionales no es exclusivo de los informáticos, sino de muchas titulaciones superiores. No obstante, reconoce que Informática y Telecomunicaciones no tienen la demanda de matrículas esperada desde el mundo académico. Eso sí, los alumnos de «Teleco» están colocados antes de finalizar sus estudios. En todo caso, el bajón generalizado de matrículas es un hecho también constatado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón.

El sistema universitario de los próximos años tiende hacia el actual modelo anglosajón y centroeuropeo: menos clases presenciales, más trabajo individual y tutorías del profesorado. "El principal error que ha tenido la Universidad española es la rigidez del sistema universitario. Hemos mirado poco hacia fuera y demasiado hacia dentro. Por eso, en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior lo más costoso va a ser el cambio de cultura docente que hemos de afrontar, menos basado en la enseñanza y más en el aprendizaje. Sólo así tendremos una Univesidad europea".

Ahí reside el principal atractivo del futuro escenario universitario europeo: "Los estudiantes serán mucho más responsables de su propio aprendizaje. Tendrán un entorno que lo favorezca, con profesores capaces de guiarle en ese proceso. Los universitarios estarán más preocupados por su propio aprendizaje que por lo que les vayan a enseñar".

Precisamente, la reforma de la Ley Orgánica de Universidad (LOU), aprobada el pasado mes de marzo, va en esa dirección: otorga gran autonomía a los centros en la gestión, en la organización de sus planes de estudios y en la contratación de sus profesores. "La LOU va a favorecer la implantación del EEES en España. Las universidades han de tener autonomía para diseñar sus titulaciones: aquéllas que pueden impartir mejor y que crean que responden mejor al entorno social y económico. Pero esta autonomía debe ir acompañada de una estricta rendición de cuentas, con una evaluación y acreditación de lo que hace cada centro".

Según Bernabeu, la LOU también resuelve -en parte- otro de los tradicionales errores del sistema universitario: la escasatransferencia de conocimientos a la empresa. "La LOU va a posibilitar la modernización de la Universidad, con más libertad y flexibilidad, para que los centros interactúen con las empresas. Es el pequeño salto que le falta para estar en una muy buena situación en Europa".

Financiación

La UE dispone de un importante capital en materia de educación superior: 3.300 centros, 700 universidades, más de trece millones de estudiantes (frente a los nueve millones durante el año 1990), un millón y medio de profesores de enseñanza superior (200.000 profesores universitarios) y un gasto medio anual de 9.000 euros por estudiante.

Pero, para los más críticos con el Proceso de Bolonia, una reforma universitaria de esta magnitud, requiere de más medios. Para Bernabeu, no. "El mayor esfuerzo económico se está realizando en programas de formación para los docentes. Precisamente, para que cambien el modelo de enseñanza al que estaban acostumbrados. Y en este sentido, creo que tenemos garantías de éxito. Otra cuestión es que realmente se cumpla ese compromiso de todos los países de la UE de dedicar a I+D un mayor porcentaje del PIB, hasta el 3 por ciento en 2010. Es fundamental para el futuro".

Este es el único mensaje claro que transciende de las conversaciones que mantienen los colegios profesionales, los rectores y el Ministerio de Educación con el objetivo de desarrollar un nuevo programa de estudios para los ingenieros que se adapte al Espacio Europeo de Educación Superior. Pero el camino es largo y todavía queda mucho por andar.

Ley de atribuciones Desde el punto de vista de las universidades, el siguiente paso que habría que dar es el de "definir los requisitos que deben cumplir los nuevos títulos de grado y máster para acceder al ejercicio de las profesiones que figuran en la actual normativa de atribuciones profesionales", destaca Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

La existencia de esta legislación que regula las atribuciones profesionales en las ingenierías -establece qué título de ingeniero puede validar de manera oficial los proyectos de construcción de una carretera o de una central nuclear, por ejemplo-, es la culpable del retraso y la mayor polémica que se ha producido en la adaptación a Bolonia de estos estudios.

Desde el comienzo de este proceso de reforma, los colegios profesionales han insistido en la necesidad de una nueva ley de atribuciones profesionales que sustituya a la actual normativa, obsoleta en muchos aspectos, con decretos que datan de la época de Isabel II. "En la actualidad existen un montón de decretos que no se corresponden con el estado actual de las tecnologías", señala Miguel Ángel González, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

Pero mientras esta nueva ley avanza (un proceso que requiere de acuerdos interministeriales) y se hace realidad, los rectores quieren saber qué competencias profesionales tendrán los futuros titulados de grado y máster en las nuevas ingenierías que está previsto que se oferten en el próximo curso 2008-09. Esta exigencia fue manifestada en la última reunión que las tres instituciones mantuvieron en Santander, el 13 y 14 de septiembre.

Para avanzar en este objetivo, los Colegios profesionales se comprometieron a elaborar un documento en el que se detallen las competencias que se necesitan para el desarrollo de las distintas profesiones recogidas en la actual normativa.

"Pretendemos que este informe sirva de base para establecer los contenidos profesionales de cada grado y máster", explica Enrique Gutiérrez Bueno, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Los encargados de elaborar los programas de las nuevas titulaciones serán las universidades y, para ellas, el tiempo apremia: "Tenemos que tener claro cuál es el plan de estudio y aprobarlo en abril o mayo del próximo año para poder ofertar las nuevos grados en 2008", apunta Uceda.

El próximo encuentro entre estos tres colectivos está previsto para el próximo mes. En este se verán también otras cuesiones como la revindicación de los Colegios de que el nombre que se utilice para definir un grado con atribuciones profesionales no coincida con el que se utilice para un máster.

Un nivel de excelencia científica que sólo se mantiene sin modificar en el caso de las enseñanzas de doctorado. Y es que para trabajar en estos programas se sigue exigiendo, tal y como ya apareció en la versión del Real Decreto del pasado junio, que el cien por cien del profesorado haya defendido con éxito una tesis.

En esta ocasión, el cambio de postura del Ministerio no es producto de las demandas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ya que este organismo, en su informe sobre el borrador del 26 de junio, no ponía en cuestión la necesidad de que las universidades pasasen a contar con más de la mitad de su plantilla de profesores-doctores, sino que se limitaba a exigir que el Ministerio redactase el artículo con mayor precisión.

En principio, quienes pueden resultar más beneficiados por este cambio de postura experimentada por el Ministerio van a ser las escuelas técnicas universitarias, en las que actualmente se imparten las distintas diplomaturas, ya que estos centros son los que cuentan en su plantilla actual con una mayor porcentaje de docentes sin doctorar.

Plazos y fechas

Respecto al calendario de implantación de las nuevas enseñanzas universitarias, la redacción revisada del decreto mantiene abierta la posibilidad de que éstas comiencen a impartirse el próximo curso 2008-09 en los centros que lo deseen. Tampoco modifica la fecha límite para adaptar las enseñanzas al nuevo modelo, fijada en el curso académico 2010-2011, en el que ya no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso para las actuales titulaciones de licenciado, diplomado, arquitecto e ingeniero técnico y superior (Medicina queda al margen de la regulación, ya que mantiene su estructura en seis años de clases, como dicta la Unión Europea).

Así las cosas, el único cambio de plazos que propone el nuevo texto es el que se refiere a los derechos de quienes estén cursando enseñanzas por el actual sistema.

Una vez que entre en funcionamiento el modelo de grados y postrados, el Ministerio ha optado por garantizar su derecho a mantener sus estudios siguiendo el sistema antiguo únicamente hasta el 30 de septiembre de 2014, una fecha de caducidad que, sin embargo, no aparecía en el borrador inicial del 26 de junio.

Esgrimía como razones "las rígidas normas para establecer títulos oficiales", unos currículos "muy detallados" y la duración de los estudios de grado (de unos 300 créditos europeos). Los decretos recién nacidos para articular un grado y un postgrado "de duración comparable a los de otros países europeos" vendrían a cambiar la situación, según concluía el informe.

Dos años después, Javier Vidal, director general de Universidades, afirma que "los mecanismos de colaboración internacional se están simplificando y eso amplía la movilidad de profesores y estudiantes hacia el extranjero".

"Hay un gran aumento de acuerdos con otros países", indica. Lo que no hay son estadísticas que cuantifiquen esta declaración. A falta de ellas, procede dar una vuelta por los campus. Por el de la Autónoma de Madrid, en cuya Facultad de Ciencias funcionan dobles titulaciones en matemáticas y en química con universidades francesas. Por el de Valladolid, con acuerdos en Francia y Alemania para la diplomatura de empresariales, y en derecho, traducción e interpretación, ingeniería industrial y matemáticas.

Sevilla tiene este curso tres convenios a punto: con el Instituto Politécnico de Milán (para ingenierías), con la Universidad de Cranfield (aeronáutica) y de Bolonia (química). Sus socios son italianos y británicos, y ya siguen el esquema de Bolonia.

España aún no, y eso plantea "dificultades", reconoce Juan José Iglesias, vicerrector de Ordenación Académica en Sevilla: "Teníamos un acuerdo con la Universidad de Mirlo para una doble titulación en psicología, y lo hemos tenido que retrasar porque los portugueses no veían claro el anclaje con el esquema europeo". Confía en que todo irá más fluido "cuando nosotros estemos también en el EEES Espacio Europeo de Educación Superior". Mientras tanto, cada convenio lima sus propias asperezas, según asegura Carlos Alberola, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valladolid.

“Estas dobles titulaciones se basan en una estancia mínima de un cuatrimestre en una de las instituciones participantes en el programa".

Anna Sastre, vicerrectora de Política Académica, desgrana el modas operandi de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC): "Se establece un reconocimiento en el expediente del estudiante de las asignaturas cursadas en otros países, aprobado por los responsables académicos de la titulación de cada universidad".

Cuando se apliquen, "los ECTS [créditos europeos, en sus siglas en inglés] nos permitirán homogeneizar la carga lectiva de las asignaturas de estas titulaciones’.

Camino más llano

A los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) les pica el gusanillo de Europa cuando se van de Erasmus (más de 2.000 el curso pasado). Algunos (más de 300 en 2006-2007) simultanean su carrera en otro país y alcanzan dobles titulaciones. Las ofrecen ocho de los 15 centros de la UPV.

"Cuando se rediseñen las titulaciones universitarias, habrá que rehacer también nuestros acuerdos", apunta Vicent Esteban, su vicerrector de Estudios y Convergencia Europea. La lógica dicta que tendrán el camino más llano.

"Es un valor añadido: la población universitaria disminuye y hay que atraer a los alumnos", concluye. Los vicerrectores consultados hablan siempre de titulaciones dobles. Las conjuntas, un único título expedido por dos universidades, no existen en España, ni en grado ni en posgrado. Encontramos, sí, la firma de un acuerdo entre la Xunta de Galícia y Caixanova para "másteres conjuntos" de alumnos de postgrado entre universidades gallegas y portuguesas en sectores como nanomedicina y tecnologías marinas.

Pero desde la Consejería de Educación reconocen que no está concretado. Carles Solá, catedrático de Ingeniería Química de la Autónoma de Barcelona, promovió un plan primo para implantar títulos conjuntos en 2004, cuando era consejero de Universidades de la Generalitat de Cataluña.

En él participaron todas las universidades catalanes, "con diferente entusiasmo": más de doscientas titulaciones, un número importante de estudiantes. No cuajó. Hay que abrirse a Europa, "que los de fuera lleguen, que los nuestros se vayan, resume Ramón Capdevila, adjunto al consejero delegado del portal Universia.

Tal intercambio pasa por vencer reticencias, eliminar burocracia, y que la universidad española se cure de "ciertos vicios".

El Estado español, así, merma "gratuitamente y sin justificación" esta titulación al dejar la carrera "a la mitad de su formación y como máximo en cuatro años", afirmó el decano de los arquitectos sevillanos, que instó al Ministerio a "recapacitar".

Por último, Díaz del Río negó categóricamente que el sector de los arquitectos se muestre a favor de esta reforma -con origen en la declaración de los ministros de Educación de diferentes países europeos hecha en Bolonia en 1999-, pues "hay movilizaciones, cartas abiertas y asambleas contra la aprobación d e este decreto".

De hecho, el próximo día 9 este colegio celebra una asamblea para tratar del Proyecto del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, y para discutir las “decisiones a adoptar ante la grave repercusión del mismo en el futuro profesional de los arquitectos”.